Fotos: Sergio Balandrano
Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), se manifestaron este jueves en el Parque Independencia de Coatzacoalcos, denunciando que a casi dos años de la golpiza y represión que sufrieron a manos de policías estatales, el caso se mantiene impune por la nula respuesta del actual gobierno para dar castigo a los responsables del reprobable hecho.
La Maestra pensionada, Xóchitl Martínez Ramírez, recordó que el 23 de diciembre de 2015, estando Javier Duarte en la Gubernatura y Flavino Ríos como Secretario de Gobierno, los jubilados del IPE se encontraban manifestándose en el centro de Xalapa, molestos por el retraso en el pago de sus pensiones en víspera de la Navidad.
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Dijo que ella se encontraba entre los manifestantes, quienes repentinamente se vieron envueltos por una gran cantidad de granaderos y policías estatales arremetiendo en su contra a toletazos y utilizando picañas eléctricas para desalojarlos por la fuerza.
A un mes que se cumplan dos años de la violenta represión a la que fueron sometidos los jubilados, mencionó que hay una total impunidad porque el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha querido dar una respuesta a las denuncias interpuestas en su momento ante la Fiscalía General de Justicia.
La jubilada integrante del COPIPEV, mencionó que solamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación sobre el caso, pero, en contraparte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha permanecido ajena y no ha emitido ningún posicionamiento oficial.
Reveló que por tal motivo los líderes de la agrupación de pensionistas independientes acudieron a Montevideo, Uruguay hace unos meses, donde entregaron al tribunal de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) un expediente para que conozcan a fondo del caso y se tomen las medidas previstas por el organismo internacional.
En la protesta los jubilados y pensionados del estado de Veracruz se pronunciaron también por la autonomía del IPE y por el pago de prestaciones que siguen retenidas en perjuicio de unos 3 mil ex trabajadores.

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